Nación vetó oficialmente las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad
El presidente Javier Milei vetó completamente tres leyes sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio, que contemplaban aumentos en jubilaciones y bonos, la restitución de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. Los vetos, formalizados a través del Decreto 534/2025 y publicados esta madrugada en el Boletín Oficial, se emitieron justo al cumplirse el plazo legal de diez días hábiles para tomar esta decisión.
El Gobierno justificó la medida argumentando que las iniciativas carecen de financiamiento adecuado y que presentaron “graves irregularidades” durante su tratamiento legislativo. El veto fue firmado por Milei y acompañado por la firma de todos sus ministros.
En cuanto al sistema jubilatorio, las leyes vetadas establecían un incremento real del 7,2% para haberes y pensiones (excluyendo regímenes especiales), además de una suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. También se proponía restituir la moratoria previsional por dos años, permitiendo a quienes no completaron los 30 años de aportes acceder a una jubilación mínima.
El Ejecutivo calculó que la implementación de estas medidas implicaría un gasto extra del 1,68% del PBI, en un contexto que definió como de “creciente presión electoral”, con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre.
Por otra parte, la ley 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. Preveía la creación de una pensión no contributiva compatible con el empleo formal y la actualización automática de aranceles y compensaciones para los prestadores. Según el Gobierno, esta norma significaría un gasto superior a los $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, sin considerar su impacto en programas como “Incluir Salud”.
El propio Milei ya había anticipado su decisión en la Bolsa de Comercio semanas atrás: “Vamos a vetar. Aun si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, afirmó, y dejó en claro que el compromiso con el superávit fiscal es “permanente”.
La estrategia oficial ahora apunta a sostener el veto en el Congreso, para lo cual necesita que no se alcance una mayoría de dos tercios en ninguna de las dos cámaras. Desde el oficialismo aseguran que cuentan con el respaldo necesario para bloquear un intento de revertir la decisión presidencial, y estiman que superarán los 80 votos negativos, como en otras votaciones similares del último año.
El miércoles se tratarán estos vetos en una sesión que incluirá también otros temas clave, como el financiamiento universitario, la situación del Hospital Garrahan, la emergencia del sistema de ciencia y tecnología, y decretos que desregulan organismos como el INTI, INTA, Vialidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Además, se debatirán propuestas impulsadas por los gobernadores para modificar la distribución de fondos federales, incluyendo los fideicomisos, el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Casa Rosada analiza ofrecer una porción de estos fondos para calmar tensiones con las provincias, aunque el monto aún no fue definido.
Fuente: Infobae
