El objetivo de esta incorporación es “monitorear las políticas públicas en materia de infancias, velando por el cumplimiento de la accesibilidad a los derechos de niñas, niños y adolescentes desde todo el sistema de protección, tanto del ámbito del Ejecutivo, como del judicial”, precisó la titular de Desarrollo Social.

Paira recordó que esa figura “ya existe en seis provincias”, y contó que mantuvieron intercambios “con los defensores para poder evaluar los modelos de proyecto que se han presentado”.

Por último, la titular de la cartera Social señaló que “en el ámbito de esta ley se avanza en el proyecto con la reformulación de algunas competencias en el ámbito del organismo de protección, también respecto a su funcionamiento y personal».