A menos de un mes de las elecciones, la Corte Suprema hizo lugar a lugar a las medidas cautelares que presentaron los gobernadores de quince provincias contra los decretos del Presidente Mauricio Macri que eliminan el IVA de los alimentos y modifican el impuesto a las Ganancias.<\/p>\n
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Por mayor\u00eda, con Carlos Rosenkrantz en disidencia,\u00a0los Ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti determinaron que ello no puede afectar los fondos de coparticipaci\u00f3n que corresponden a las provincias\u00a0de Catamarca, Chubut, Entre R\u00edos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Ant\u00e1rtida e Islas del Atl\u00e1ntico Sur y Tucum\u00e1n.<\/p>\n
Se trata de un\u00a0fallo de alto impacto en materia econ\u00f3mica, vinculados a la relaci\u00f3n del Estado federal y las provincias, que no solo afecta al Gobierno de Macri sino que complica al que asuma a partir del 10 de diciembre.<\/p>\n
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Los decretos cuestionados por las provincias fueron publicados en el Bolet\u00edn Oficial a mediados de agosto de este a\u00f1o.\u00a0Uno estableci\u00f3 la eliminaci\u00f3n del IVA de los alimentos\u00a0y\u00a0el otro modific\u00f3 el alcance de Ganancias.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue adoptada, concretamente, en una causa en la que la Provincia de Entre R\u00edos impugn\u00f3 el decreto 561\/19 en tanto encomend\u00f3 a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) una reducci\u00f3n en la base de c\u00e1lculo de las retenciones para el c\u00e1lculo del impuesto a las ganancias a determinados sujetos; y una reducci\u00f3n de un 50% de los anticipos que deban ingresar los trabajadores aut\u00f3nomos en concepto de impuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del ejercicio 2019.<\/p>\n
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Tambi\u00e9n plante\u00f3 la inconstitucionalidad del decreto 567\/19 en tanto dispuso una al\u00edcuota del 0% en el Impuesto del Valor Agregado para la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.<\/p>\n
Sostuvo la provincia actora que mediante esas normas, el Poder Ejecutivo Nacional detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudaci\u00f3n de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertaci\u00f3n y el principio de legalidad en materia tributaria.<\/p>\n
Por su parte, se\u00f1al\u00f3 que las normas impugnadas provocaban un perjuicio actual y directo a la provincia de Entre R\u00edos. En tal sentido, invoc\u00f3 un informe de la Comisi\u00f3n Federal de Impuestos, que estima que el impacto de las medidas adoptadas sobre la provincia actora supera la suma de $ 1.000.000.<\/p>\n
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En este sentido,la Corte Suprema bas\u00f3 su decisi\u00f3n de conceder la medida cautelar porque consider\u00f3 que exist\u00eda, con el grado de conocimiento propio de una pretenci\u00f3n cautelar, verosimilitud en el derecho invocado por la provincia, y un peligro acreditado que podr\u00eda producirse en caso de demorarse su otorgamiento.<\/p>\n
La mayor\u00eda del Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la regla b\u00e1sica de la Constituci\u00f3n Nacional que organiza un estado federal y, en particular, la significaci\u00f3n del r\u00e9gimen de coparticipaci\u00f3n federal de impuestos, al cual los constituyentes reformadores de 1994 otorgaron un expl\u00edcito reconocimiento constitucional como uno de los instrumentos en cuya observancia descansa la efectiva vigencia de ese sistema.<\/p>\n
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La Corte subray\u00f3 la trascendencia de las leyes-convenio como herramienta de coordinaci\u00f3n entre las provincias y el Estado Nacional en el marco del proyecto federal que establece la Constituci\u00f3n Nacional, y destac\u00f3 que tales leyes se ubican con una singular jerarqu\u00eda dentro del derecho federal, de manera tal que sus previsiones no pueden ser modificadas unilateralmente.<\/p>\n
El tribunal record\u00f3 con especial referencia a la posibilidad de detraer \u2013como excepci\u00f3n- recursos coparticipables, que ello debe ser dispuesto por el Congreso y cumpliendo los requisitos constitucionales.<\/p>\n
De este modo,\u00a0el m\u00e1ximo tribunal consider\u00f3 que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podr\u00edan importar una erosi\u00f3n de la masa coparticipable a las provincias.<\/p>\n
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Por su parte,\u00a0la Corte estim\u00f3 acreditado el peligro en la demorasobre la base de la alegaci\u00f3n de la provincia y su referencia a un informe de la Comisi\u00f3n Federal de Impuestos, seg\u00fan el cual las medidas tributarias en crisis redundar\u00edan en una disminuci\u00f3n de aproximadamente mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) de sus recursos, lo que pondr\u00eda en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales, y la atenci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas de su poblaci\u00f3n.<\/p>\n
Al efecto tuvo especialmente en cuenta lo argumentado por la actora en torno a que el da\u00f1o podr\u00eda resultar irreparable, en la medida en que los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas en curso, algunas de ellas de car\u00e1cter social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensi\u00f3n cautelar.<\/p>\n
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