En lo que parecía un trámite burocrático en los Tribunales (el pedido de devolución de computadoras secuestradas en un allanamiento ocurrido en junio de 2018 a un imputado en una causa por corrupción) se transformó en un plató en el que se ventilaron escandalosas maniobras que la Fiscalía reprocha al exgobernador Sergio Urribarri y buena parte de su familia, y el modo cómo el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio del supuesto pago de coimas a funcionarios.

 

Pero además, frente al juez de Garantías Mauricio Mayer se leyeron una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, a Cuba y a Venecia, hasta el pago de su teléfono celular.

 

En los mails que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.

 

El abogado defensor de Cardona Herreros, Ignacio Díaz, pidió que la Justicia le restituyese a Cardona Herreros 5 computadoras secuestradas en los allanamientos que se llevaron a cabo entre el 28 y el 29 de junio de 2018, en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herreros, ubicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el propio domicilio particular del empresario, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

 

El argumento del defensor es que esa retención afecta garantías constitucionales, como el de poder ejercer la actividad comercial del empresario, ya que los equipos contienen información de contrataciones de Relevamientos Castratales SA, y además datos y fotos personales, algunas de índole familiar.

 

Autorizar al señor Cardona Herreros para que, por medio de profesionales idóneos, con control de Fiscalía, proceda a extraer la información de carácter estrictamente personal y familiar, protegida por el derecho a la intimidad, que contengan los equipos que seguirán en poder de la Fiscalía.

 

 

En la audiencia del martes por la mañana en Tribunales no fue solo una discusión en torno a si las computadoras debían restituirse al empresario paraguayo o no, sino que sirvió para ventilar una serie de datos que dan cuenta del estado de sospecha en el que la Procuración ha puesto el crecimiento patrimonial del exgobernador Urribarri, el modo cómo una empresa contratada por el Estado entrerriano entre 2007 y 2014 financió actividades privadas del extitular del Ejecutivo y su familia, y en qué medida Relevamientos Catastrales se hizo de jugosos contratos mediante el pago de coimas a funcionarios provinciales.

 

El fiscal Badano se ocupó de explicar por qué la Procuración considera una prueba relevante esas computadoras para la investigación de dos causas por corrupción que involucran a Urribarri: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en las dos involucrado Cardona Herreros.

 

El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su «Desproporcionado» crecimiento patrimonial: Cardona Herreros.

 

«Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el exgobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos», afirmó.

 

Badano planteó la hipótesis de la Fiscalía respecto a que esas computadoras secuestradas no sólo fueron instrumento del delito en la causa por enriquecimiento ilícito, sino en otra investigación que salpica al exgobernador: por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, un tecnicismo judicial para referirse al pago de coimas.

 

La imputación dice que Urribarri realizó «Acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros».

 

En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde «Un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática».

 

El fiscal señaló que en la computadora secuestrada en el domicilio hay 55 mil mails vinculados a “pagos, sobornos y dádivas, a contrataciones, contratos previos a las publicaciones”.