El inspector Francisco Aldo Olivares había sido acusado varias veces por delitos como apremios ilegales en sus dos décadas con el uniforme y recibió varias sanciones.

Después de unos días de lo sucedido, medios provinciales publicaron material de las cámaras de seguridad de uno de los negocios de la calle, que permitieron develar cómo el policía Olivares, en los cálculos de la Justicia, rompió con todos los patrones de protocolo policial en la detención de un presunto ladrón y en el uso de la fuerza. Para poder ejercer tal función de manera paralela al trabajo en la fuerza pública se necesita una autorización específica de la Jefatura de Policía provincial a través de los Servicios de Policía Adicionales. En este caso, la contratación de Olivares se había dado de manera directa y sin la mediación de la fuerza.

 

Según pudo averiguar Infobae, el policía declaró en la propia audiencia que gritó «¡Ey!»,antes de efectuar el disparo con su arma reglamentaria . En un principio pensó que se trataba de una broma de un conocido del barrio, pero luego se dio cuenta de que era un joven que le intentaba robar. De acuerdo a su declaración, después de forcejear, la mujer le explicó al joven que en el interior de la cartera sólo contenía «libritos» de catálogo de una conocida marca de cosméticos que ella se dedicaba a vender por el barrio y le rogó que no se los robara porque era uno de sus pocos ingresos. La mujer declaró que lo llamó nuevamente al chico y le ofreció darle algo de plata para que se pueda comprar comida.

 

Los dos efectivos policiales que actuaron en la escena aseguraron no haber encontrado ni un peso entre la indumentaria del joven a su llegada al lugar. Todo parecía un misterio,hasta que se tomó declaración a dos testigos que afirmaron que el propio Olivares fue el que tomó el dinero que había otorgado la mujer a Saucedo y que él dejó tirados a último momento los 35 pesos junto al cuerpo del joven baleado. Una vez que se produjo la detención, se pudo acceder al legajo de Olivares y se comprobó que el acusado del homicidio contaba con un historial ligado a la violencia policial y a una pésima reputación dentro de la fuerza de seguridad santafesina. Según pudo saber Infobae, Olivares cuenta con más de doce denuncias en su contra por casos de apremios ilegales, causas por emplear violencia excesiva a la hora de detenciones, controles policiales o dentro de las mismas comisarías.

 

Además, cuenta con cuatro arrestos disciplinarios ocurridos en 1998, 2002 y 2004.Pertenecía a la Unidad Regional «V» del Departamento de Castellanos, asentado en la ciudad de Rafaela. Según confirmó una fuente cercana al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, es común que aquellos efectivos policiales con un prontuario tan extenso y polémico sean trasladados de una dependencia a otra. Ningún departamento quiere contar con ellos en sus filas.

 

 

Todos quieren evitar futuros problemas. A raíz del asesinato de Lautaro Saucedo, los fiscales que llevan la causa, Ezequiel Hernández y Martín Torres, imputaron a Olivares por el delito de homicidio triplemente calificado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad.En tanto, la jueza de la Investigación Penal Preparatoria en primera instancia, Rosana Carrara, ordenó la prisión preventiva sin plazo del inspector hasta la celebración del juicio, aunque sólo dio por acreditado el homicidio calificado por el uso de arma de fuego. En principio se lo pasó a disponibilidad y ya se inició el proceso de investigación para determinar su posible destitución de la fuerza.

 

Gracias a un decreto firmado en 2018 por el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, se logró acelerar los procesos de los sumarios administrativos dentro de la fuerza. Se estima que en unos pocos meses se podrá determinar la expulsión del inspector Olivares.

 

(www.infobae.com)