La titular de la Oficina Anticorrupción debe declarar como imputada en los tribunales de Retiro en la causa por incompatibilidad de funcionario público que se le sigue al ex ministro de Energía.

Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, deberá presentarse este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para ser indagada en una causa en la que está acusada de «encubrimiento» del ex ministro de Energía Juan José Aranguren quien supuestamente se habría beneficiado por su doble rol de funcionario y accionista de la empresa Shell. Alonso está acusada de encubrir a Aranguren ya que no habría denunciado irregularidades que fueron advertidas por los denunciantes de la causa, los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade. La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados quienes acusaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».

Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera , declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell». El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST a la empresa Shell. También se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia», lo que, según la denuncia puso «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino». Aranguren ya fue indagado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Explicó que «el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017,que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración». «El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado», explicó. Por no haber investigado si había o no un conflicto de interés a pesar de haber sido advertida por los denunciantes Tailhade y Doñate.