El tesorero del Aero Club Chajarí, Luis Alberto Tavella, presentó una denuncia penal contra dos dirigentes de la institución, Julio César Cabo Dal Molin y Marcelo Alberto Arbelaiz, por presuntos delitos financieros, administrativos y fiscales que habrían afectado la estructura y funcionamiento del club aeronáutico.

El hombre, que ocupó el cargo hasta septiembre pasado cuando formuló la denuncia penal en la fiscalía de la ciudad, se encargó de las cuentas de la institución durante 14 años. La presentación fue atendida por el fiscal Matías Argüello de la Vega, que decidió archivar la denuncia. Los denunciantes pidieron la intervención del Coordinador de Fiscales, José Costa de Concordia, para que revise la resolución.

Un negocio inmobiliario

El tesorero detalló en la denuncia penal que a lo largo de los años se fueron vendiendo lotes y el dinero no se reinvirtió. El aeroclub contaba con un terreno de 50 hectáreas en el casco urbano de Chajarí, cuatro manzanas que fueron permutadas a un privado a cambio de 100 hectáreas a las afueras en Colonia Belgrano, un nuevo predio con un valor mucho menor que el lugar donde originalmente estaba el Aeroclub.

Tavella dice que se vendieron unos 30 lotes de los que todavía conserva en el área céntrica, que tienen un valor estimado en 30 mil dólares cada uno. Las transacciones tenían el objetivo de recaudar fondos para acondicionar el nuevo predio para el aeroclub. Los terrenos habrían sido vendidos sin que los socios recibieran información sobre el destino de los fondos obtenidos.

A pesar de los millones de pesos que ingresaron a la institución, Tavella sostiene que en Colonia Belgrano no hay nada. Lo más llamativo es que las ventas al parecer tampoco fueron declaradas ante los organismos de control como ARCA (exAFIP).

Por si fuera poco, Tavella denuncia que su labor como tesorero fue obstaculizada sistemáticamente. Se le impidió el acceso a información relevante para la confección de los balances y la auditoría de los bienes del club, además de ser presionado para que rubricara documentos sin tener la oportunidad de analizarlos, a tal punto que como tesorero no avaló ni firmó el último balance contable de la institución.

Además de la denuncia en sede judicial, el ex tesorero solicitó la intervención de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas para llevar a cabo una auditoría sobre la gestión de la institución, incluyendo la revisión de los balances, los libros contables y el patrimonio del club.