La Voz De Todos

La Voz De Todos 16 noviembre, 2019

16 DE noviembre DE 2019.

Por Chris Cyr.

Los procesos destitutorios de las democracias nacionales, populares e independentistas, nunca dejaron de suceder. A contramano de lo que se cree – que el imperialismo angloestadounidense ahora utiliza métodos más sutiles y refinados – el capitalismo internacional no duda en utilizar la fuerza bruta para imponer sus programas. Una vez más, con el coup d’etat a Evo Morales, Latinoamérica vuelve al desvergonzado método de la mentira mediática, el caos social y el «orden» de los tanques.

 

El excelente libro, lastimosamente vigente, del finado escritor oriental Eduardo Galeano intitulado “Las Venas Abiertas de América Latina” es un testimonio vívido de cómo la metodología imperial que conquistó y colonizó este subcontinente se mantiene fiel a como fue diseñada, con una persistencia que impresiona.

 

 

Sea cual fuere la época (en el Siglo XV o el XXI) o el reino que lo encarne (España, Portugal, Francia o Inglaterra), el imperialismo europeo impuso una economía explotadora de recursos (naturales, a través del extractivismo; humanos a través del esclavismo) que, con sus matices, pasando del mercantilismo hasta el capitalismo industrial y post-industrial, subsiste hasta hoy. Ese marco económico fue articulado y estructurado a través de una draconiana imposición cultural y religiosa; la primera, para investir a una oligarquía dirigencial que hablara “el mismo idioma” con la Metrópoli, y la segunda, para que la pobreza y la humildad a la que fueron sometidos los marginados sean metamorfoseadas como un mérito espiritual con resignación social.

 

 

Así, cultura y religión, europeizadas, fueron sinónimos de méritos para la clase dominante, quienes las utilizaban como salvoconductos de la relación privilegiada. Y para los que quedaban desplazados, fuera del sistema, ambas se constituyeron como herramientas de “aspiración” (meritocracia), en el mejor de los casos, o de “imperturbabilidad”, en el peor (“pobres pero honrados”).

 

 

Mientras funciona la esperanza de progreso, la desigualdad subyacente de estas situaciones es contenida a través del discurso (que conlleva, empero, una violencia “furtiva”). Pero cuando la desigualdad se desborda, no queda más remedio que imponer la violencia de la fuerza bruta.

 

 

No obstante, hay situaciones donde la estructura imperial parece desvanecerse. Ello ocurre cuando el mismo sistema económico expoliador alcanza “sus límites” o, dicho en otras palabras, cuando la desigualdad alcanza picos obscenos y el equilibrio, literalmente, se desmadra. Allí entonces, como un rumor que se hace grito, lo autóctono, lo soberano, lo patrio, a veces a modo de rebeliones y revoluciones, irrumpe para quebrar el statu quo.

 

 

Cuando esto sucede, se instala una mayoría anteriormente invisibilizada que intenta imponer un programa comprehensivo.  Si logra subsistir cierto periodo de tiempo para consolidarse y despegar, se despliega entonces un gran virtuosismo en varios niveles: crece el pensamiento intelectual,  mejoran los índices económicos, se incrementan (a veces de manera exponencial) los indicadores sociales, los Estados Nacionales se empoderan y recobran soberanía, los derechos (laborales, civiles, humanos) se multiplican, y sobreviene, en paralelo y/o tangencialmente, una cultura mucho más arraigada a los símbolos, gestas y tradiciones autóctonas americanas, que hasta ese entonces, permanecía invisibilizada o degradada.

 

La bandera Whipala que acompaña a la bandera nacional de Bolivia es testigo del cambio de denominación oficial de República de Bolivia a República PLURINACIONAL de Bolivia, lo cual implica un reconocimiento EXPRESO de los pueblos indígenas en la vida política y el devenir de la nación.

 

Pero latentes, ocultas, subrepticias, se hallan esperando su momento, conspiración mediante, las oligarquías dueñas de los factores económicos de poder, medios que, en virtud de la sacrosanta “propiedad privada”, jamás dejan de esgrimir y sopesar para que sus “condiciones” (devenidas en amenazas vedadas) limiten el afán transformador de la sociedad y corrompan las bases de cambio para que tiendan hacia sus particulares objetivos de clase y los propósitos imperiales de sus amos.

 

 

La oligarquía es minoritaria en números, pero es letalmente efectiva en cuanto a su influencia. De hecho, el fenómeno oligárquico se constituye como una clase social determinada por su capacidad de control económico; como un grupo de tareas político, en su origen representativo y sus lazos con el exterior, y como una clase gobernante, con espíritu de cuerpo y conciencia de élite, haciéndose llamar “notables”. Su tipificación con lo extractivo (agropecuario o minero), europeo occidental (en lo cultural), lo caucásico (en lo racial) y lo judeocristiano (en lo religioso) conforma un rasgo de identidad, cohesión y reconocimiento. Su organización está al servicio de combatir a sus enemigos declarados, esto es, la posible conformación de una burguesía industrial, un Estado distribuidor o árbitro del mercado, el ascenso social de la clase trabajadora y el refuerzo de la “política” como instrumento del cambio. Es por ello que complotan contra cualquier plan industrial (excepto agro-industrial quizás), pretenden un Estado pequeño, endeudado/desfinanciado y neoliberal, bregan por una enorme brecha de ingresos y promocionan el empobrecimiento y son cultores de la “apolítica”.

 

 

Esta gente, organizada a través de diferentes modos asociativos[1], se posiciona sigilosamente como un “instituyente” cuando ocurren esas raras excepciones históricas y se antepone un gobierno que abreva de lo nativo, modela sistemas vernáculos y antepone intereses soberanos. La élite empieza así su tarea depredadora, utilizando una variedad y amplitud de metodologías que, al emplearse cual cóctel y en simultáneo, sorprende por su agresividad y eficiencia.

 

 

Generalmente, cuando un gobierno nacional interpreta esos movimientos de agresión, entra en una espiral de contradicciones inherentes, lo cual es explotado por los golpistas como una debilidad. Y esto es así porque los gobiernos nacionales toman los resortes del Estado para ampliar derechos, reconstruir (o construir) la economía, redistribuir la riqueza, educar, afianzar la justicia y promover el bienestar general… pero para ello necesita consolidar la paz interior, esto es, no gastar los recursos en un esfuerzo bélico “puertas adentro”. Si el gobierno nacional-popular interpreta correctamente las actividades golpistas o conspiradoras y se defiende, entonces, renuncia, en un sentido importante, a los objetivos iniciales de reforma y se radicaliza peligrosamente, pudiendo girar hacia tentaciones dictatoriales.

 

 

Es por ello que las oligarquías se valen de su enorme poder corrompedor y su pericia planificativa, pero también, de las limitaciones de los progresismos en sus posibilidades de defensa (lo que incluye, muy especialmente, su natural negación a la represión), para emprender lo que se conoce de “guerra híbrida”.

 

 

La guerra híbrida no es un invento moderno: es una técnica conocida desde tiempos remotos. Ocurre que hoy la densidad y profundidad de medios es abrumante, lo que incluye la presencia de milicias irregulares y desorden criminal (“guarimbas” u hordas urbanas, policías desacatados, militares desobedientes o directamente colaboracionistas), apoyados por la narrativa mediática (mass-media “oficial” pero también ciberataques desde redes sociales) y el accionar diplomático (lo que incluye espionaje y propaganda); todo ello, disfrazado de “rebelión popular” … contra el mismo Pueblo.

 

[1] Típicamente, se reúnen en logias o asociaciones secretas, peor cuando no es así, existen agrupaciones sociales y fundaciones cuya membresía es “exclusiva”. En Argentina los miembros de la élite oligárquica suelen acudir a la Sociedad Rural Argentina, el Jockey Club, la Fundación Mediterránea, el Club del Progreso y otras de menor alcance como el Círculo de Armas, el Club Universitario de Buenos Aires, el Círculo Militar y el Centro Naval. Muchos de los presidentes argentinos fueron miembros de esas asociaciones, como no podía ser de otra manera.

 

Por supuesto, toda esa planificación necesita un estímulo motivacional más “instintivo” para insuflar las voluntades de las masas. Ese sustento se lo da el odio racial, la discriminación religiosa y la rivalidad regional, tribal o de clanes. Así, se completa la división interna en la población local, porque si algo tienen las oligarquías elitistas es que son selectivas en su conformación, pero sin embargo funcionan como “imanes de atracción” para aquellos que pretenden lograr su membresía.

 

Arturo Jauretche supo definir con precisión la influencia intelectual de la oligarquía, que logra apoyos incluso entre quienes no pertenecen ni pertenecerán jamás a su clase.

 

Finalmente, necesitan una “chispa” para lograr quebrar la unidad y esa es la conformación artificial de una “indignación popular”. Típicamente, son tres los subterfugios utilizados, que no son excluyentes: la acusación de fraude electoral, los escándalos personales (hijos no reconocidos, amantes, hechos inconfesables sexuales, etc.) y la corrupción/robo de fondos públicos.

 

La planificación puede llevar meses y hasta años, pero cuando se desata, puede tener éxito en apenas horas o días.

 

 

BOLIVIA, ANTECEDENTE ALARMANTE

América Latina es tan rica en movimientos emancipadores como en golpes de Estado. Quien más quien menos, todos han pasado por las etapas arriba descriptas. Lo que varía es el grado de implicación de los factores. Pero siempre, entre bambalinas, hay una oligarquía “compradora” ligada a los intereses foráneos que manipula, proyecta, acciona y finalmente aplaude cuando asume alguno de sus representantes, quien de inmediato retrotrae la situación al statu quo anterior.

 

 

Tan violentos como sagaces, siempre enmascarados de legalidad u “orden”, los golpes de Estado se han convertido en EL mecanismo que impone Estados Unidos y sus súbditos nacionales para para recuperar el poder cuando sectores progresistas o populares, por la vía de la democracia representativa, acceden al gobierno, y comienzan a realizar reformas sociales que buscan el bienestar de amplias mayorías. Entre estas medidas, siempre, pero siempre, la nacionalización de los recursos naturales es un disparador.

 

 

Ejemplos sobran. La lista es tan prolongada como vergonzosa: en 1954, en Guatemala, es depuesto el presidente Jacobo Arbenz Guzmán luego de un golpe orquestado por la CIA, la United Fruit Company, la OEA y la Iglesia Católica por impulsar una Reforma Agraria e intentar estrechar lazos con naciones del Bloque Socialista; en 1964, en Bolivia, el presidente Víctor Paz Entenssoro, luego de haber liderado la “Revolución Nacional” que nacionalizaba el estaño, promulgaba el sufragio universal e instauraba una Reforma Agraria es depuesto por el general de aviación y ¡su vicepresidente! René Barrientos Ortuño, entrenado por la Escuela de las Américas retrotrayendo la situación previa; también en 1964, en Brasil, tuvo lugar el golpe militar contra el presidente João Goulart. Su pecado fue defender reformas económicas que permitirían una mejor distribución de la renta, conocidas como “Reformas de Base”. El golpe fue llamado “La Contrarrevolución de 1964” y tuvo un descarado apoyo estadounidense. En 1965, en República Dominicana estalló la llamada “Guerra Civil” o “Revolución del 65”. Todo empezó cuando el presidente Juan Bosch, al asumir en 1963, amplió derechos civiles e inició una reforma sobre las posesiones de tierra, además de impulsar una Constitución laica (que, por ejemplo, aprobaba el divorcio). La Iglesia Católica, que lo acusaba de secularizar el país, junto a la cúpula militar y la élite económica empezaron a agitar que pronto serían “otra Cuba” y en consecuencia sobrevino un golpe militar el 25/09/1963. El golpe de Estado directamente negaba las elecciones de 1962 y ponía una “Junta Civil” conocida como “El Triunvirato” dominada por Donald Reid Cabral. Se generó así una revolución de la ciudadanía y de algunos cuadros militares jóvenes para regresar el antiguo orden constitucional, generándose una verdadera guerra civil, que finalizó cuando Lyndon B. Johnson envió 42.000 marines y G.I. Joe para “garantizar la seguridad” de Santo Domingo. La intervención fue aprobada hemisféricamente por la OEA. Se instaló un gobierno provisional pro-estadounidense. La experiencia nacionalista de Bosch duró 7 meses. En 1973, en Chile, las fuerzas armadas conjuntas derrocaron al presidente Salvador Allende y su gobierno izquierdista de Unidad Popular. Allende era abiertamente marxista y su gobierno fue reformista. Nixon y Kissinger fueron activos opositores a él, financiando y apoyando la realización de un golpe. La US Navy estuvo presente en el golpe a través del enmascaramiento del operativo UNITAS desarrollado en Valparaíso. Dramáticamente, Allende se suicidó en el Palacio de La Moneda, luego de recibir bombardeos aéreos. La dictadura de Pinochet se extendió hasta 1990. Con este hecho, se inauguró el Plan Cóndor en Sudamérica, signado por las desapariciones forzadas, la censura y quema de libros, la persecución, las torturas y la proscripción política. En 1976, en Argentina, es despuesta la presidenta María Estela Martínez de Perón, estableciéndose una Junta Militar liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier general Orlando Agosti. La junta tomó el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. Fue abiertamente neoliberal y terrateniente. Su ministro de economía “estrella”, Jorge Martínez de Hoz, del grupo conspirador “Jacques”, estuvo profundamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales, tan así que a los pocos días del inicio de su gestión, el FMI aprobó con sorpresiva rapidez un crédito de USD 110 millones para “mejorar el nivel de reservas de divisas” del BCRA endeudando pesadamente al país. Durante la década del ochenta, tanto Nicaragua como El Salvador vivieron procesos de violencia política, signado, en el primer caso, por el sandinismo, y en el segundo, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organizaciones de izquierda que eran básicamente articulaciones de las luchas campesinas por las tierras y condiciones dignas de vida. En 1989, sobreviene la invasión estadounidense de Panamá, que dejara más de 1500 muertos y un país arrasado. La excusa formal era capturar al presidente de facto Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Pero en realidad Noriega era una agente de la CIA que se le ocurrió cuestionar la soberanía estadounidense en el Canal de Panamá. En 1991, en Haití, es depuesto Jean-Bertrand Aristide por el general Raoul Cédras. Aristide había ganado las primeras elecciones limpias de un país históricamente gobernado por los militares. El ex sacerdote salesiano planeaba colocar a las Fuerzas Armadas bajo control civil, acabar con el narcotráfico y otros tipos de corrupción y llevar a juicio varios ex miembros de los Tonton Macoute (paramilitares ligador a la poderosa familia terrateniente Duvalier). En 2002, en Venezuela, se consume el golpe (fallido) contra el presidente Hugo Chávez, quien sin embargo fue hecho prisionero y se esperaba su fusilamiento. Pedro Carmona se auto-proclama sin elección alguna presidente (primer antecedente de esta “moda”). Una gran movilización popular se realiza alrededor del Palacio de Miraflores y militares leales rescatan a Chávez, retornándolo al poder. La NED (Fundación Nacional para la Democracia, por sus siglas en inglés), la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), se inauguran en este golpe. Junto a las clásicas Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y la Escuela de las Américas (WHINSEC, actualmente), más sus súbditos europeos (especialmente la Corona Española) fueron actores fundamentales del ese golpe fallido. La oligarquía petrolera venezolana, los medios de comunicación y la Iglesia Católica fueron la “pata civil”. Chávez retiró a sus militares de las escuelas de entrenamiento del US Army en sabia decisión y recurrió al armamento ruso para evitar embargos. En 2004, en Haití, Jean-Bertrand Aristide, que había sido vuelto al poder en 1994, disolvió el ejército. Fue alternado por René Préval y luego asumió en 2001 la tercera presidencia. Necesitado de apoyo, restableció las relaciones diplomáticas con el gobierno socialista de Cuba y se acercó a la Venezuela de Hugo Chávez. Fue suficiente. Un comando SEAL estadounidense lo secuestró ante la presencia de James B. Foley, embajador estadounidense y de Thierry Burkard, embajador francés, y lo obligaron a firmar una declaración de demisión preparada con anticipación por los golpistas «a fin de evitar un baño de sangre». Luego, fue conducido dentro de un avión blanco sin matrícula (típico de la CIA) hacia Bangui, capital de la República Centroafricana. Previamente, la OEA había enviado 23 misiones para aplicar la Resolución 822 que establecía la formación de un consejo electoral donde “estarían representadas todas las fuerzas políticas” y que debería preparar elecciones “libres y democráticas”. En 2008, en Bolivia, hubo un sangriento intento de golpe de Estado. En el departamento de Pando hubo una violentísima insurrección cívico-prefectural, con tintes racistas ultraviolentos, que fue frustrada gracias a una enorme movilización social, a las decisiones del poder ejecutivo y, fundamentalmente, a la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. El gobierno de Evo Morales estaba implementando la nacionalización de los recursos naturales (energéticos) y la des-dolarización de la economía. La usina de golpe fue la US Embassy, y las acciones sediciosas fueron impulsadas por el embajador Philip Goldberg en persona. En 2009, en Honduras, militares detienen al presidente Manuel Zelaya y lo expulsan a Costa Rica. Dos de sus cabecillas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez y el jefe de la Fuerza Aérea, General Luis Prince Suazo, son graduados de la Escuela de las Américas. Zelaya abogaba por una Reforma Agraria y se había acercado a Hugo Chávez para unirse al ALCA. En 2010, en Ecuador, una “protesta salarial policial” devino en golpe cuando el presidente Rafael Correa es secuestrado por varias horas en un hospital, siendo rescatado por las fuerzas especiales del Ejército Ecuatoriano luego de un intenso tiroteo. Correa realizó la mayor reforma económica redistributiva de Ecuador, amplió derechos y cerró la base aérea de espionaje electrónico de la USAF en Manta. En 2012, en Paraguay, un juicio “express” destituyó al presidente Fernando Lugo bajo el increíble argumento de que había favorecido el enfrentamiento entre policías y campesinos días antes en Curuguaty donde murieron 17 personas. Lugo, un ex obispo católico, impulsaba una reforma agraria y una educación universal. En 2016, en Brasil, la presidente Dilma Rousseff fue destituida por el Senado tras un “impeachment” (61 votos contra 20) por supuestos “crímenes de responsabilidad”. Casualmente Liliana Ayalde, ex directora de USAID en Colombia, era embajadora estadounidense en ese momento, la misma que impulsó el “impeachment” de Fernando Lugo en Paraguay tres años antes. Rouseff era espiada electrónicamente por Estados Unidos (como surgió de Wikileaks). En su lugar asumió Michel Temer, hombre de la CIA.

 

Y ahora, el golpe definitivo contra Evo Morales, que es una maestría de golpe. Empezó con una combinación de tropas irregulares, altamente móviles, que ocasionan caos y destrozos con enorme coordinación, moviéndose desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz y otros puntos estratégicos, en un plan que no pudo ser “espontáneo”, en confluencia con el acuartelamiento policial que dejó una virtual “zona liberada” al accionar de los paramilitares. Al terror callejero se le sumó la escalada final, esto es, la agresión y extorsión simultánea de ministros, parlamentarios y autoridades comunales, que renunciaron en masa en cuestión de horas. Esto fue vital para el éxito del golpe. La extensión y coordinación de esta operación demandó necesariamente datos de inteligencia y coordinación militar que no pudo provenir de una revuelta ciudadana común. En el mientras tanto, las “ONG” y “activistas por la democracia” se instauraron como “fuente de noticias” validando la “rebelión ciudadana”. Eso es fundamental en la guerra psicológica y propagandística, que se complementó con un “blackout” informativo, cuando las milicias tomaron Bolivia TV, lo cual impide la reorganización defensiva.

 

La inversión del sentido de los hechos, donde los agresores se presentan como agredidos (y viceversa) es fundamental para deslegitimar cualquier atisbo defensivo y legitiman la violencia como “un derecho”. Esto se articula fundamentalmente a través de las redes: bots y trolls inundan Twitter y Facebook con “testimonios”.

 

Mientras tanto, desde otro eje, el accionar diplomático potencia el conflicto y legitima la sedición: las denuncias “incompletas” o “ambiguas” de la OEA, que sugieren más que afirman, de fraude electoral a favor de Evo Morales, iniciaron el plan. Luis Almagro, el uruguayo secretario general de dicho organismo, que aboga por el bombardeo militar a Venezuela, fue funcional a la estrategia de agitación social, al “recomendar” una segunda vuelta y hablar de “manipulación estadística”.

 

A la consecuente insinuación de fraude acontece, con la velocidad de un rayo, la criminalización del gobierno saliente bajo acusaciones de “corrupción”, “robo”, “discriminación”, “dictadura”, etc. La idea es potenciar el caos y sentar las bases de un DESGOBIERNO más que de un gobierno títere, pues el efecto a lograr es generar una “antipolítica” para que los grupos económicos (nacionales y transnacionales) gocen de libertad total para sus atropellos, concepto que es respaldado por el politólogo francés Thierry Meyssan. Hacer que facciones rivales se trencen en una batahola eterna de odio profundo es el contexto ideal para que la oligarquía “saque ventaja”. En Bolivia, esto toma cuerpo en la forma de una limpieza étnica, religiosa y política contra las capas sociales que respaldan a Evo Morales. Atestigua este hecho la promesa del “líder cívico”, el evangelista pentecostal y abogado de la oligarquía Luis Fernando Camacho de cazar a los militantes del MAS.

 

ARGENTINA EN PELIGRO

La planificación y ejecución del golpe boliviano, con hordas criminales y fuerzas de seguridad sediciosas, tiene inspiración foránea, como lo atestigua el papel clave del “Departamento de Colonias” (como los nombraba Fidel Castro), la OEA. Como un calco, esto se ha visto en Ucrania (EuroMaidan), Libia, Siria, Venezuela y ¡hasta en Hong Kong! La idea es hacer retroceder décadas el desarrollo de la sociedad en su conjunto, acabar con su impulso progresista o politizado, y hundirlos en una anarquía constante del cual no puedan recuperarse jamás.

 

Tras el gobierno del neoliberal Mauricio Macri, Argentina ha quedado depredada por los capitales transnacionales, quienes han logrado un nivel de concentración vertical y horizontal espectacular, con una población empobrecida y un Estado terriblemente endeudado.

 

La aparición de una fuerza progresista encabezada por Alberto Fernández y por la ex presidente Cristina Fernández (cuya oposición mediática, judicial y diplomática le hicieron perder una elección a su fuerza política tras varios sucesos de corrupción inventados y fogoneados por los medios, incluyendo, la acusación del asesinato del fiscal federal Alberto Nisman) trajo nuevos bríos en la nación y en la región.

 

No obstante, el nivel de aislamiento externo regional que tendrán “Les Fernández” es inaudito. Y no solo eso: la arremetida violenta de las derechas oligárquicas vernáculas y el decidido e indisimulado apoyo estadounidense a los golpes de Estado es sobrecogedor. En ese marco se tendrá que renegociar la más espectacular deuda que haya tenido un país con el FMI, con un aparato productivo destruido y con urgentes demandas de igualdad.

 

Además, la oposición a su futuro gobierno encarnada por Cambiemos ha perdido las elecciones con un caudal de votos del 40%, nada despreciable. Se trata del mismo sector que aún en el poder, no ha reconocido el golpe en Bolivia como tal, lo cual es una forma de justificarlo, y hasta se sospecha que colaboró a través del gobernador de Jujuy Gerardo Morales y la Fuerza Aérea Argentina.

 

Cambiemos, que representa claramente los intereses de la oligarquía argentina organizada a través de una alternativa electoral, y que ha entablado en apenas 4 años la mayor involución redistributiva de los últimos 100 años (solo comparable con el “menemismo”), se declara tácitamente como golpista al no repudiar lo sucedido en el vecino norteño. Cambiemos ha sido “cultor del odio”, al apostar a la grieta y la descalificación de su oponente político – el peronismo – al que lisa y llanamente lo toma como enemigo y ha trabajado incansablemente para su exterminio (recordado es su lema “no vuelven más”), a través de procesos judiciales, estigmatización mediática, censura, “carpetazos” y hasta con ¡la intervención del Partido Justicialista!

 

Rodeado por las circunstancias, Alberto Fernández intentará formar un lazo estratégico con la única democracia progresista que queda en Latinoamérica, México, aunque económicamente, el país azteca esté totalmente subordinado al mercado norteamericano, y la geografía haga también lo suyo en cuanto a imposibilidades de regionalización. Jair Bolsonaro, ex militar que fue elegido presidente en Brasil – principal socio comercial de Argentina – con su principal rival, Lula Da Silva, encarcelado sin sentencia firme, es abiertamente un fanático nacional-sionista de signo evangélico que pretende destruir el MERCOSUR a través de tratados de libre comercio con China, Estados Unidos y la Unión Europea.

 

Todas estas amenazas, vale decir, un FMI inflexible, un Brasil belicista, un Estados Unidos que no reniega ni disimula su acción en los golpes de Estado, pero, además, una oligarquía sumamente organizada en un discurso de odio, de armas tomar, no son rivales menores.

 

Necesariamente, el nuevo gobierno va a tener que tomar algunas decisiones “puertas adentro” para iniciar una reparación económica, lo cual implica no solamente tender puentes al exterior para generar divisas o renegociar la deuda externa, sino también, AFECTAR FACTORES DE PODER ECONÓMICO LOCALES, como ser, instaurar retenciones y la obligatoriedad de liquidar divisas al agro, y/o afectar la formación de precios de alimentos, manejados por grupos concentradísimos, por solo nombrar dos temarios imperiosos.

 

La Sociedad Rural ya ha advertido que “saldrá a las calles” para evitar que sus intereses sean afectados. Los holdings formadores de precios son, además, quienes manejan la política publicitaria de los medios de comunicación, sin soslayar que sus intereses societarios están absolutamente mezclados.

 

Por eso, el Frente de Todos deberá tener soluciones creativas para DESESTRUCTURAR EL CONFLICTO VIOLENTO. Alberto Fernández dijo que “querrá que la juventud salga a las calles para decirles en qué se equivoca”, una forma velada para decir que la movilización social será su escudo cuando aparezcan las protestas “de

la abundancia”. Sin embargo, se deberá buscar alianzas más fuertes para evitar la escalada, aunque involucrar fuertemente a la ciudadanía podría ser su “escudo protector”. Por lo pronto, declara hábilmente manteniendo una “superioridad moral” de sus argumentos. Pero se necesita mucho más que eso.

 

Alberto Fernández no utilizó eufemismos para repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Su actitud puede ser tomada como una “medida defensiva preventiva” ante los cultores de este método en Argentina.